A diferencia del ámbito privado, donde el objetivo central suele ser la rentabilidad, en el sector de la Gestión de proyectos públicos el foco está puesto en generar valor social, mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el acceso equitativo a derechos y servicios.
En América Latina, las brechas en infraestructura, educación, salud, medioambiente y transparencia aún exigen respuestas innovadoras, integradoras y sostenibles. En este contexto, los gestores públicos —ya sea desde gobiernos, ONGs o alianzas público-privadas— enfrentan el desafío de diseñar proyectos que no solo respondan a demandas inmediatas, sino que también se sostengan en el tiempo, generen impacto y cuenten con legitimidad social.
Como señala el académico Mariano Mosquera, autor de obras fundamentales en la materia y profesor en los programas ejecutivos de ADEN International Business School, la gestión de proyectos públicos requiere tanto de información técnica objetiva como de procesos deliberativos que resignifiquen las expectativas sociales en acciones viables.
Una definición posible de políticas públicas
Hablar de políticas públicas implica mucho más que referirse a decisiones del gobierno o a normas que rigen la vida institucional. Significa pensar en cómo el Estado interviene —de manera activa o pasiva— en los asuntos que afectan a la sociedad. Una política pública puede tomar la forma de una ley, un programa, una campaña de concientización o incluso una omisión deliberada ante una determinada situación. El enfoque no está solamente en el qué se hace, sino también en cómo, por qué, para quiénes y con qué efectos.
En su libro publicado por la Escuela de Negocios ADEN, el académico Mariano Mosquera destaca la importancia de considerar tres dimensiones fundamentales en la gestión de políticas públicas: la transparencia, el control y la eficacia. Estas dimensiones no solo refieren al funcionamiento técnico de una política, sino también a su legitimidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Una de las definiciones más ampliamente aceptadas en América Latina es la de los politólogos Guillermo O’Donnell y Oscar Oszlak, quienes entienden las políticas públicas como el “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil”. Esta definición subraya el hecho de que, incluso cuando el Estado no actúa, su silencio o inacción también constituye una política.
Por ejemplo, si un gobierno decide no intervenir ante el avance de la deforestación en una región protegida, esa omisión puede interpretarse como una política de desregulación ambiental. En contraste, una política activa podría consistir en implementar un sistema de monitoreo satelital, multas, incentivos para la reforestación y participación comunitaria. Ambos escenarios muestran distintas formas de intervención (o su ausencia), y sus consecuencias tienen un impacto directo en la vida de las personas.
Desde la perspectiva analizada por el autor en su libro Transparencia, control y evaluación de políticas públicas, comprender qué es una política pública implica reconocer la complejidad del entramado institucional, político y social que le da origen. Además, resalta la necesidad de evaluarla no solo por sus intenciones, sino también por sus efectos reales y por el modo en que responde —o no— a los problemas que movilizan a la ciudadanía.
Formulación y planificación inicial del proyecto público
La formulación de una política pública no es un acto aislado ni meramente técnico. Es el punto de partida de un proceso complejo que busca transformar una necesidad social en una solución legítima, eficaz y sostenible. En su libro Control de gobierno y evaluación de políticas públicas, editado por ADEN, Mariano Mosquera destaca la importancia de comprender esta etapa como un momento donde la cooperación institucional y el debate político son fundamentales para legitimar la acción estatal.
El ciclo del proyecto público
Toda política pública se estructura en torno a un ciclo compuesto por fases que se retroalimentan: identificación del problema, diseño de la intervención, implementación, monitoreo y evaluación. Esta lógica circular permite planificar de forma estratégica y también corregir el rumbo en función de los resultados y del contexto. Sin una adecuada formulación inicial, el resto del ciclo queda debilitado, ya que se parte de supuestos inestables o poco representativos de las verdaderas necesidades sociales.
Árbol de problemas y árbol de soluciones
Un paso central en la formulación es la construcción del árbol de problemas, herramienta que permite descomponer una situación insatisfactoria en sus causas directas e indirectas, así como en sus consecuencias. Este análisis ayuda a visibilizar relaciones causales complejas y a priorizar los factores clave que deben abordarse.
A partir de ese diagnóstico, se construye el árbol de soluciones, que invierte la lógica del problema: transforma causas en medios y consecuencias en fines, permitiendo definir objetivos claros, pertinentes y articulados. Este ejercicio traduce el problema en oportunidades de intervención estatal concretas y evaluables.
Definición de objetivos: qué se quiere lograr
Una política pública debe establecer con claridad sus objetivos generales y específicos, es decir, qué se propone cambiar y cómo. Esta definición no es solo técnica: implica traducir demandas sociales en metas institucionales que puedan ser asumidas por el Estado. La precisión en los objetivos es clave para la eficacia (cumplimiento de metas) y para evaluar los resultados de manera objetiva.
Mosquera subraya que en América Latina muchas veces se prioriza el cumplimiento formal o legal de los procedimientos sin revisar con suficiente rigor los objetivos formulados ni evaluar su verdadero impacto social. Esto impide aprender de la experiencia y mejora limitada o nula la calidad de la gestión pública.
Justificación: por qué intervenir
Toda intervención pública requiere una justificación sólida, tanto desde lo técnico como desde lo político. Justificar es explicar por qué una problemática amerita la acción estatal, quiénes son los beneficiarios, qué alternativas existen y por qué se elige una estrategia determinada. Supone construir consensos y dar sentido a la política más allá del cumplimiento normativo.
En este sentido, la formulación debe apoyarse en información objetiva y plural, pero también debe interpretarse en el marco del debate político y de la resignificación de las expectativas sociales. Una política pública no se valida solo por su legalidad, sino por su capacidad de responder con sentido a los problemas reales de la ciudadanía.
Modelos y metodologías de gestión de proyectos públicos
Una vez formulado el proyecto público, el paso siguiente es su organización operativa. Esto implica elegir una metodología que oriente la planificación, implementación y seguimiento del proyecto en base a criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. En el ámbito de la gestión pública, diversas metodologías conviven y se complementan, cada una con sus propias fortalezas, niveles de estandarización y compatibilidad con contextos institucionales complejos.
Enfoque de Marco Lógico: claridad en la cadena de resultados
Es una herramienta ampliamente utilizada en proyectos del sector público y de cooperación internacional. Su principal fortaleza radica en organizar la lógica de intervención del proyecto en una matriz de cuatro niveles: fin, propósito, componentes y actividades. Cada nivel se vincula con indicadores, medios de verificación y supuestos.
Esta metodología permite alinear los recursos disponibles con los objetivos esperados, y al mismo tiempo facilita la evaluación al establecer criterios claros de medición. En contextos donde los proyectos deben justificar su pertinencia, eficiencia y sostenibilidad, el Marco Lógico actúa como una guía estructurada para planificar con enfoque en resultados.
Enfoque PMI: gestión profesional de proyectos
El modelo del Project Management Institute (PMI), basado en la guía del PMBOK, es uno de los estándares internacionales más reconocidos para la gestión profesional de proyectos. Si bien nació en el ámbito privado, sus principios han sido progresivamente adoptados por instituciones públicas que buscan profesionalizar su gestión.
El PMI propone cinco grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre) y diez áreas de conocimiento, entre las que se destacan la gestión de alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, adquisiciones y partes interesadas. Su adopción en el ámbito público permite abordar la complejidad creciente de los proyectos estatales, promoviendo una cultura de planificación rigurosa, control de riesgos y mejora continua.
PM4R del BID: adaptación al entorno latinoamericano
El Project Management for Results (PM4R), desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa una adaptación del enfoque PMI a los proyectos del sector público en América Latina y el Caribe. Esta metodología reconoce las particularidades institucionales y culturales de la región, por lo que promueve una implementación más realista y contextualizada.
PM4R pone énfasis en la creación de capacidades dentro de las instituciones públicas, promoviendo la rendición de cuentas, la gestión por resultados y la participación de actores clave. Además, facilita la articulación entre los distintos niveles del Estado y entre organismos nacionales e internacionales, algo central en proyectos que requieren cooperación técnica o financiamiento externo.
Seleccionar y combinar: decisiones estratégicas
La elección de una metodología no es neutral: debe responder a las características del proyecto, la capacidad institucional, la cultura organizacional y los marcos normativos vigentes. En muchos casos, las metodologías pueden combinarse, generando esquemas híbridos que capitalicen lo mejor de cada enfoque.
Como destaca Mariano Mosquera, una gestión pública de calidad no se limita a ejecutar lo planificado, sino que debe diseñar herramientas y estructuras que garanticen legitimidad, transparencia y resultados verificables. En ese sentido, contar con metodologías claras y adaptadas es un primer paso hacia la mejora continua y el fortalecimiento de la confianza pública.
Para conocer más factores asociados al éxito o fracaso de los proyectos públicos en nuestra región, lee Gestión de Políticas Públicas: Innovación, transparencia y liderazgo, concepciones y herramientas clave que todo gestor de políticas debe conocer.
Instrumentos clave para la gestión operativa del proyecto
Una vez formulado el proyecto público, su implementación efectiva requiere traducir la planificación estratégica en acciones concretas. Para ello, existen instrumentos técnicos que permiten ordenar, secuenciar y administrar los distintos componentes del proyecto de forma sistemática y coherente. Estos instrumentos son esenciales para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los resultados esperados se alcancen dentro de los plazos estipulados.
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT): ordenar la complejidad
La EDT, o Work Breakdown Structure, permite descomponer el proyecto en componentes manejables, facilitando la organización de tareas y la asignación de responsabilidades. Esta herramienta es especialmente útil en proyectos públicos con múltiples dimensiones y actores involucrados.
Por ejemplo, en un proyecto de mejoramiento integral de un barrio urbano, la EDT puede dividirse en grandes componentes como “infraestructura vial”, “acceso a servicios básicos”, “equipamiento comunitario” y “regularización dominial”. A su vez, cada uno de estos se subdivide en tareas más específicas: construcción de veredas, instalación de luminarias, apertura de calles, colocación de cañerías, etc. Esta jerarquización permite visualizar el conjunto del proyecto como un sistema integrado, en lugar de una suma de acciones aisladas.
Además de su valor organizativo, la EDT cumple una función clave para la rendición de cuentas, ya que define con claridad quién es responsable de cada tarea y en qué etapa del proceso debe ejecutarse.
Cronograma: sincronizar tiempo y acción
Una vez descompuesto el proyecto en tareas, el cronograma establece la secuencia temporal en la que deben ejecutarse. Este instrumento permite anticipar los tiempos requeridos, identificar dependencias entre actividades y prever posibles cuellos de botella.
En la gestión pública, donde los tiempos administrativos suelen ser largos y los calendarios políticos pueden generar presiones externas, el cronograma actúa como una herramienta de previsión y coordinación. Permite alinear a los equipos técnicos, financieros y políticos en torno a una hoja de ruta común.
Por ejemplo, si el proyecto implica la construcción de un centro de salud en una zona rural, el cronograma puede evidenciar que ciertas actividades —como la compra de terrenos o la obtención de permisos ambientales— deben completarse antes del inicio de la obra civil. Detectar estas interdependencias permite tomar decisiones más informadas y evitar demoras costosas.
Matriz de planificación: articular medios y fines
La matriz de planificación, también conocida como matriz de marco lógico en algunos modelos, organiza la información central del proyecto en torno a cuatro columnas: objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Esta herramienta permite visualizar de forma clara cómo cada actividad contribuye al logro de los objetivos generales y específicos.
En términos operativos, la matriz actúa como brújula: ayuda a mantener el foco del proyecto y permite monitorear si se están cumpliendo los resultados esperados. En proyectos públicos, donde la presión por mostrar avances visibles puede conducir a una ejecución fragmentada, la matriz ayuda a sostener una lógica de coherencia interna.
Por ejemplo, en un proyecto para reducir la deserción escolar en zonas rurales, la matriz podría establecer como objetivo específico “aumentar la tasa de retención en el nivel secundario en un 15% en dos años”. Los indicadores y medios de verificación deberán construirse en consecuencia (matrículas, registros de asistencia, encuestas de satisfacción). Este marco permite medir el impacto real del proyecto más allá de la ejecución física de actividades como la entrega de uniformes o el mejoramiento de escuelas.
Plan Operativo Anual (POA): integrar planificación y presupuesto
El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que traduce el proyecto en términos presupuestarios. Se trata de una herramienta obligatoria en muchos sistemas de planificación estatal, y vincula las metas del proyecto con los recursos disponibles en cada ejercicio fiscal.
Su importancia radica en que permite evitar interrupciones en la ejecución del proyecto por falta de previsión financiera. También facilita la articulación con otras áreas de gobierno que participan en el proyecto, al brindar una visión de conjunto sobre los recursos comprometidos, los plazos y los responsables institucionales.
Un ejemplo concreto es el de un programa nacional de salud que se implementa de manera descentralizada en distintas provincias. El POA permitirá que cada jurisdicción reciba fondos según metas acordadas (por ejemplo, cantidad de vacunaciones, atención primaria, prevención de enfermedades), asegurando consistencia entre la planificación central y la operatividad local.
Gobernabilidad y actores involucrados en proyectos públicos
La gobernabilidad de un proyecto público no depende solo de un diseño técnico adecuado o de una buena asignación de recursos: requiere de la articulación efectiva entre múltiples actores con intereses diversos. Entender quiénes son estos actores, cómo se vinculan entre sí y qué nivel de influencia tienen sobre el proyecto es una condición imprescindible para alcanzar resultados sostenibles y legítimos.
Estructuras posibles de gobernanza
Los proyectos públicos pueden desplegarse bajo diferentes estructuras de gobernanza, según su escala, complejidad y contexto institucional. Algunas configuraciones comunes son:
- Gobernanza centralizada: El proyecto es gestionado directamente por un ente gubernamental, con escasa participación de actores externos. Es común en intervenciones de emergencia o en áreas donde se requiere control directo del Estado.
- Gobernanza descentralizada o participativa: La gestión se distribuye entre distintos niveles del Estado (nacional, provincial, municipal) y actores sociales. Esta estructura es habitual en proyectos de desarrollo local, donde la apropiación comunitaria es clave para el éxito.
- Asociaciones público-privadas (APP): Se establece una alianza formal entre el Estado y empresas privadas para llevar adelante un proyecto, como ocurre en muchas iniciativas de infraestructura o servicios públicos.
- Consorcios multiactorales: Involucran a organismos internacionales, ONGs, universidades, y actores territoriales, especialmente en proyectos financiados por cooperación internacional.
Cada estructura plantea desafíos distintos en términos de coordinación, legitimidad y control. Por eso, es esencial definir con claridad los roles y responsabilidades desde el inicio.
Identificación y clasificación de actores clave
Identificar a los actores involucrados en un proyecto público no es un mero ejercicio formal: implica reconocer quiénes pueden influir en el curso del proyecto, quiénes se verán afectados por él, y quiénes podrían facilitar o bloquear su desarrollo.
Estos actores pueden clasificarse según distintos criterios:
- Según su naturaleza: públicos (ministerios, municipios, organismos descentralizados), privados (empresas, cooperativas), sociales (organizaciones comunitarias, sindicatos), internacionales (bancos, agencias de cooperación).
- Según su posición respecto al proyecto:
- Promotores: impulsan y financian el proyecto.
- Aliados: lo apoyan activamente.
- Neutrales: no tienen una postura definida.
- Opositores: pueden resistir o poner obstáculos.
- Según su nivel de influencia y de interés, lo cual permite realizar una matriz de posicionamiento clave.
La matriz de interesados (stakeholders)
Una herramienta central para organizar esta información es la matriz de interesados, que cruza el nivel de influencia (capacidad de incidir en decisiones) con el nivel de interés (grado en que el proyecto afecta sus objetivos).
Esto permite priorizar estrategias de relacionamiento con cada grupo:
| Alta influencia | Baja influencia | |
| Alto interés | Actores clave: involucrar activamente, gestionar alianzas. Ej.: intendentes, líderes comunitarios. | Actores vulnerables: informar y proteger sus intereses. Ej.: beneficiarios directos, usuarios finales. |
| Bajo interés | Actores estratégicos: mantener informados y monitorear su posición. Ej.: organismos reguladores. | Actores periféricos: informar periódicamente. Ej.: medios, público general. |
Este análisis no solo es útil para prevenir conflictos y generar consensos, sino también para diseñar mecanismos participativos, fortalecer la legitimidad del proyecto y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
Evaluación, indicadores y seguimiento de proyectos públicos
Evaluar un proyecto público no es simplemente revisar si se ejecutaron las acciones previstas o si se gastó el presupuesto. Es, ante todo, un ejercicio estratégico que permite aprender, adaptar y legitimar las decisiones gubernamentales. Según Mariano Mosquera, la evaluación requiere tanto información técnica como debate político para poder definir con claridad cuáles son los objetivos sociales a alcanzar, cómo se mide su cumplimiento y qué aprendizajes se extraen del proceso.
Evaluar para mejorar, no solo para controlar
La evaluación debe verse como una herramienta de mejora continua, no como un instrumento punitivo. En línea con la teoría del incrementalismo, Mosquera explica que las políticas públicas no surgen de diseños ideales o totalmente racionales, sino de ajustes graduales, negociaciones y respuestas a demandas concretas. En este marco, las decisiones se toman con información limitada, bajo incertidumbre y en contextos de alta presión política. Por eso, evaluar sirve también para reconocer errores, ajustar metas y retroalimentar la planificación futura.
La evaluación incremental permite que los actores públicos aprendan colectivamente de la experiencia, resignifiquen los objetivos a lo largo del tiempo y construyan legitimidad sobre la base de evidencia, no solo de discursos.
Matriz de Resultados: del producto al impacto
Una herramienta central en la evaluación de proyectos públicos es la Matriz de Marco Lógico (MML) o Matriz de Resultados, que permite estructurar de forma clara los niveles de intervención del proyecto:
- Insumos: Recursos financieros, humanos, técnicos que se emplean.
- Actividades: Acciones concretas que se ejecutan (por ejemplo, capacitar docentes, construir un hospital).
- Productos: Bienes o servicios entregados (manuales producidos, número de centros construidos).
- Resultados: Cambios directos generados (mayor acceso a salud, mejora en calidad educativa).
- Impacto: Transformaciones estructurales a largo plazo (reducción de pobreza, mayor equidad).
Este enfoque permite hacer un seguimiento sistemático de los resultados esperados y comprobar si las acciones están realmente generando cambios significativos en la vida de las personas.
Construcción de indicadores: clave para medir el avance
Evaluar requiere definir indicadores claros, medibles y relevantes, que sirvan para monitorear tanto el proceso como los resultados. Un buen indicador debe tener:
- Claridad (qué se mide),
- Medibilidad (cómo se mide),
- Relevancia (por qué es importante),
- Temporalidad (cuándo se mide),
- Fuente confiable de datos.
Por ejemplo, en un programa de inclusión digital, un indicador de producto podría ser “número de computadoras entregadas en escuelas rurales”, mientras que un indicador de resultado sería “porcentaje de docentes que integran tecnologías digitales en sus clases”. Solo midiendo ambos niveles es posible entender si el proyecto tuvo sentido.
En algunos casos se recurre también a indicadores cualitativos, como encuestas de satisfacción, entrevistas o grupos focales, que permiten captar dimensiones subjetivas, percepciones y experiencias que los datos duros no reflejan.
Seguimiento y generación de evidencia
El seguimiento es un componente continuo que permite anticipar desvíos, identificar cuellos de botella y corregir el rumbo. A su vez, la evaluación periódica genera evidencia empírica sobre lo que funciona y lo que no, lo cual es esencial para fundamentar decisiones futuras, asignar presupuestos y rendir cuentas a la ciudadanía.
La evidencia generada por la evaluación no solo mejora la eficacia de la gestión pública, sino que fortalece la confianza social en las instituciones. En contextos donde la política suele percibirse como improvisada o ineficaz, construir una cultura de evaluación —basada en datos y participación— es un paso crucial hacia gobiernos más transparentes y responsables.
Ejemplo aplicado: programa de empleo juvenil
Supongamos que se implementa un programa de formación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Algunos indicadores clave podrían ser:
- Producto: cantidad de jóvenes capacitados por año.
- Resultado: porcentaje que accede a un empleo formal dentro de los seis meses posteriores.
- Impacto: reducción en la tasa de desempleo juvenil en la región en cinco años.
Además del monitoreo cuantitativo, podrían realizarse entrevistas a participantes, empleadores y formadores para evaluar la pertinencia de los contenidos y la percepción del impacto en la trayectoria de vida de los jóvenes.
Resumen de preguntas frecuentes
A lo largo de este artículo, hemos explorado diversos aspectos relacionados con la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, pero también existen preguntas frecuentes que pueden surgir cuando se profundiza en este tema. A continuación, responderemos algunas de las inquietudes más comunes y relevantes para quienes se interesan en el manejo de proyectos públicos.
¿Qué diferencia hay entre política pública y programa gubernamental?
Una política pública es el marco general que define los objetivos, principios y acciones que un gobierno implementa para abordar problemas públicos. Este conjunto de principios guía el desarrollo de varias iniciativas y programas que buscan cambiar una situación social, económica o ambiental específica.
Por otro lado, un programa gubernamental es una iniciativa concreta dentro de una política pública. Es una acción específica diseñada para implementar las metas de la política, con plazos, presupuestos y objetivos claros. Por ejemplo, un programa de reciclaje dentro de una política pública ambiental.¿Cómo se financian habitualmente los proyectos públicos?
Los proyectos públicos se financian a través de presupuestos estatales, que provienen principalmente de los ingresos fiscales del gobierno. En muchos casos, los gobiernos recurren a préstamos internacionales de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para financiar grandes proyectos, sobre todo en áreas como infraestructura y desarrollo sostenible.
Además, los proyectos pueden financiarse mediante cooperación público-privada. Esto ocurre cuando el sector privado invierte recursos para llevar a cabo un proyecto de interés público a cambio de beneficios o incentivos fiscales. También existen fondos de ayuda externa, como los que otorgan ONGs o agencias internacionales para proyectos en áreas como salud, educación o emergencia humanitaria.¿Qué habilidades debería tener un gestor de políticas públicas?
Un gestor de políticas públicas debe tener habilidades en varias áreas. En primer lugar, es esencial tener un conocimiento profundo en análisis de datos para interpretar correctamente las estadísticas que orientarán las decisiones. Esto incluye la capacidad de analizar grandes volúmenes de información y extraer conclusiones que impacten en las políticas.
Además, deben tener habilidades de negociación y liderazgo para coordinar actores políticos, técnicos y sociales. La habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones en contextos de incertidumbre es crucial. También es importante que el gestor sepa comunicar eficazmente las políticas tanto a los actores internos como a los ciudadanos, generando confianza y legitimidad.¿Qué herramientas promueven la transparencia en proyectos públicos?
Para promover la transparencia, los gobiernos suelen implementar plataformas de datos abiertos donde se pueden consultar documentos públicos, presupuestos y resultados de proyectos. Estos portales permiten a los ciudadanos acceder a información vital sobre cómo se distribuyen y gastan los fondos públicos.
Otra herramienta importante es el uso de tecnologías blockchain, que asegura la integridad de las transacciones y facilita el seguimiento de los fondos y recursos en proyectos públicos. Además, las auditorías digitales y los sistemas de gestión de proyectos en línea permiten un seguimiento constante y detallado de los avances, asegurando que las políticas sean ejecutadas de manera eficiente y conforme a los estándares establecidos.¿Cómo se gestionan los riesgos en proyectos públicos?
La gestión de riesgos en proyectos públicos implica identificar los posibles obstáculos que podrían afectar la ejecución exitosa del proyecto. Esto comienza con un análisis de riesgos detallado, que permite prever escenarios adversos, desde cambios políticos hasta desastres naturales.
Una vez identificados, se establecen planes de contingencia y mecanismos de prevención, como seguros o reservas financieras. La gestión de riesgos también requiere una monitoreo constante, de manera que, si ocurre un problema, se pueda intervenir rápidamente para mitigar sus efectos. Los comités de crisis y la adaptabilidad en los planes son esenciales para enfrentar las incertidumbres y garantizar la continuidad de los proyectos.¿Qué significa la resiliencia en la gestión de políticas públicas?
La resiliencia en la gestión de políticas públicas se refiere a la capacidad de adaptarse a cambios imprevistos y recuperarse rápidamente de situaciones adversas, como crisis económicas o desastres naturales. No solo se trata de resistir los golpes, sino de aprender de las dificultades y ajustar las políticas para ser más efectivas en el futuro.
Un ejemplo claro de resiliencia es cuando una política pública destinada a mejorar la infraestructura de transporte tiene que adaptarse rápidamente a nuevas necesidades debido a un evento catastrófico, como un terremoto. La capacidad de transformar esa crisis en una oportunidad de mejora y adaptación define la resiliencia en este contexto.
