Control de gobierno y evaluación de políticas públicas

¿Qué hace que una política pública funcione? ¿Por qué algunos gobiernos logran resultados concretos y sostenibles mientras otros repiten fórmulas sin impacto real? En una región como América Latina, donde la confianza en las instituciones es frágil y la corrupción se percibe como un mal estructural, estas preguntas no solo son urgentes: son estratégicas.

Desde la Escuela de Negocios Internacionales ADEN se destaca que detrás de cada decisión pública hay algo más que un decreto o una partida presupuestaria. Hay un entramado de intereses, datos, objetivos y, muchas veces, silencios. Justamente por eso, el control de gobierno y la evaluación de políticas públicas no son solo herramientas técnicas: son actos de responsabilidad democrática. Permiten entender si lo que se hace tiene sentido, si se está utilizando bien el poder y si la ciudadanía recibe respuestas efectivas.

En los últimos años, empresas privadas, organizaciones sociales y gobiernos locales han comenzado a incorporar mecanismos de evaluación que hasta hace poco eran exclusivos de los organismos multilaterales o los entornos académicos.

Fundamentos del control y la evaluación de políticas públicas

En tiempos donde la ciudadanía demanda gobiernos más transparentes, eficaces y abiertos al escrutinio, el control y la evaluación de las políticas públicas dejaron de ser asuntos puramente técnicos para convertirse en elementos centrales del debate democrático. No se trata solo de verificar si se cumplen normas o si los recursos se usan correctamente. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales con políticas legítimas, eficientes y sostenibles.

Mariano Mosquera, en su obra Control de gobierno y evaluación de políticas públicas, lo expresa con claridad: el desafío actual no pasa solo por controlar procedimientos, sino por transformar la forma en que se diseñan, implementan y evalúan las políticas. Esto implica reconocer que toda política pública surge de una tensión creativa entre técnica y política. Desde la política, como resultado de negociaciones entre actores con intereses diversos. Desde la técnica, como un conjunto de herramientas orientadas a la eficiencia administrativa y la eficacia social.

Control, evaluación y el riesgo de mirar solo una parte

Uno de los grandes riesgos, especialmente en América Latina, es limitar el control a una lógica meramente legalista o contable. Cuando se controla solo lo administrativo, se corre el riesgo de ignorar lo más importante: si la política fue útil, si produjo mejoras reales o si simplemente cumplió con un trámite. A su vez, si no se discute qué objetivos se persiguen y cómo se definieron, el control se vuelve ciego, y la evaluación pierde potencia transformadora.

La corrupción, tal como señala Mosquera, también tiene una dimensión estructural: no solo implica desvíos individuales, sino también vacíos en los sistemas de control que permiten la manipulación de reglas o la discrecionalidad sin rendición de cuentas. Frente a eso, la evaluación aparece como una herramienta clave para transparentar resultados, abrir el juego a la participación ciudadana y recuperar la confianza en la gestión pública.

¿Qué legitima una política pública?

No alcanza con que una política sea legalmente válida. Hoy se exige que también sea socialmente aceptada y técnicamente justificada. Esa legitimidad se construye desde tres planos: el institucional (quién decide), el político (con qué agenda y prioridades) y el técnico-científico (qué evidencia la respalda). Es allí donde el control y la evaluación cumplen su rol más valioso: aportar información clara, detectar errores, promover el aprendizaje institucional y garantizar que las políticas públicas no sean solo decisiones de escritorio, sino respuestas reales a problemas concretos.

En este entramado intervienen múltiples actores: organismos de control, auditores internos, agencias evaluadoras, funcionarios públicos, legisladores, organizaciones sociales, medios de comunicación e incluso la ciudadanía. Cada uno aporta una mirada distinta, con intereses, capacidades y legitimidades propias. Por eso, más que un acto técnico, el control y la evaluación son espacios de encuentro (y a veces de conflicto) entre visiones sobre lo público.

Corrupción en el sector público: causas, efectos y soluciones

Lejos de ser un fenómeno aislado, la corrupción suele estar anclada en estructuras institucionales débiles, incentivos mal diseñados y una cultura política tolerante al abuso de poder.

Uno de los marcos más conocidos para explicar la corrupción es el que combina monopolio, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas. Cuando un funcionario controla un área sin competencia, puede tomar decisiones con alta discrecionalidad y nadie lo supervisa, las condiciones están dadas para que actúe en beneficio propio. A eso se suma la escasa transparencia y una débil cultura de control ciudadano, factores que agravan el problema.

Desde la economía del comportamiento, también se han identificado causas menos evidentes: la percepción de impunidad, la naturalización de ciertas prácticas, la presión del entorno, o el llamado “efecto deslizante” (cuando pequeñas transgresiones no sancionadas habilitan otras mayores). Incluso los sistemas de incentivos institucionales pueden contribuir a la corrupción si premian la lealtad política por sobre la idoneidad o si penalizan la denuncia en lugar de protegerla.

Los efectos de la corrupción son múltiples. A nivel institucional, erosiona la confianza en el Estado, debilita la legalidad y distorsiona el diseño e implementación de políticas públicas. A nivel social, reproduce desigualdades, desalienta la participación ciudadana y compromete la calidad de los servicios públicos, sobre todo para los sectores más vulnerables.

Frente a este panorama, los planes y políticas anticorrupción deben ir más allá del control formal o del castigo ejemplar. Se trata de construir sistemas de integridad pública: reglas claras, procesos transparentes, participación social, protección al denunciante y una cultura que premie el comportamiento ético. Esto implica no solo voluntad política, sino también capacidad institucional para sostener los cambios en el tiempo.

Tipos y mecanismos de control gubernamental

Comprender los diferentes tipos y mecanismos de control gubernamental permite diseñar sistemas de supervisión robustos y efectivos que protejan el interés público.

Controles internos y externos

Los controles internos actúan como los “guardianes” dentro de las propias instituciones. Imaginemos una startup pública que busca innovar en servicios: sin mecanismos internos que supervisen cada paso, los riesgos de errores o malas prácticas aumentan. Por eso, auditorías internas y revisiones continuas permiten corregir a tiempo y mantener el rumbo. 

Pero ningún sistema es perfecto sin la mirada externa: aquí entran las contralorías y tribunales que, desde afuera, evalúan con imparcialidad. Este equilibrio entre mirada interna y fiscalización externa es clave para evitar que cualquier gestión quede fuera de control.

Control administrativo, financiero y jurisdiccional

El control administrativo se enfoca en verificar que los procedimientos dentro de las instituciones públicas se ajusten a las normativas vigentes. Por ejemplo, un municipio debe asegurarse de que sus procesos de licitación pública cumplan con los requisitos legales para evitar favoritismos. 

El control financiero es ejercido por diferentes organismos. Se pueden mencionar algunos como la Auditoría General de la Nación (AGN) en Argentina, la Contraloría General de la República en Chile, Perú y Colombia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México, entre otros.

Estos entes supervisan la correcta utilización de los fondos públicos, asegurando que el presupuesto asignado para obras públicas se emplee con eficiencia y transparencia. Finalmente, el control jurisdiccional corresponde a la actuación de tribunales y jueces que intervienen cuando hay denuncias de irregularidades o violaciones legales, garantizando la sanción de conductas ilícitas y la protección de los derechos ciudadanos.

Control institucional y social

Mientras que el control institucional recae en organismos públicos especializados, como las defensorías del pueblo o las comisiones parlamentarias de control, el control social involucra la vigilancia activa de la ciudadanía y organizaciones civiles. Por ejemplo, asociaciones vecinales pueden supervisar el avance y la calidad de obras públicas en sus barrios, presentando denuncias o solicitudes de información. La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta clave para que la sociedad ejerza este control, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Transparencia activa y pasiva 

La transparencia activa se refiere a la publicación periódica y proactiva de información por parte de las instituciones públicas, como portales de datos abiertos donde se detallen presupuestos, contratos y resultados de programas sociales. La transparencia pasiva se da cuando los ciudadanos o medios de comunicación solicitan información específica y las entidades están obligadas a responder en tiempo y forma. Ambas modalidades son esenciales para que el control sea efectivo y para promover la confianza pública en el Estado.

Para saber qué prácticas actuales influyen en la eficacia y eficiencia de proyectos en el sector, te invitamos a leer Gestión de Políticas Públicas: Innovación, transparencia y liderazgo. Descubre procesos, modelos y herramientas que se pueden implementar en programas de diferente magnitud.

Rendición de cuentas y gobierno abierto

Se trata de la obligación que tienen las autoridades y funcionarios públicos de explicar, justificar y responder por sus decisiones y uso de recursos frente a la ciudadanía y otros órganos de control. Este mecanismo no solo busca garantizar la legalidad y eficiencia administrativa, sino también fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Las agencias encargadas de la rendición de cuentas, como las contralorías generales, tribunales de cuentas, defensorías del pueblo y organismos anticorrupción, juegan un papel fundamental. Su función es supervisar que la gestión pública se apegue a la normatividad, que los recursos se utilicen adecuadamente y que las políticas cumplan con sus objetivos sociales. Sin embargo, el verdadero desafío radica en que estos procesos no sean meramente formales, sino que realmente impacten en la mejora continua del gobierno y en el fortalecimiento de la democracia.

Modelos de accountability: una visión multidimensional

El concepto de accountability, o rendición de cuentas, puede entenderse desde distintos enfoques que abarcan diversos actores y relaciones dentro del sistema político y social. Tres modelos principales son reconocidos:

• Accountability horizontal: Se refiere al control entre órganos del Estado. Por ejemplo, el poder legislativo supervisa y controla al ejecutivo, y este, a su vez, está sujeto a la fiscalización judicial y administrativa. Este control interno busca evitar abusos de poder y asegurar que cada rama del gobierno cumpla sus funciones correctamente.
• Accountability vertical: Este modelo pone a los ciudadanos como los principales responsables de controlar y exigir a sus gobernantes. Se expresa en mecanismos como elecciones, consultas populares, auditorías sociales y demandas ciudadanas. Es la forma más directa de relación entre gobernados y gobernantes y es clave para la legitimidad democrática.
• Accountability diagonal: Es un modelo más reciente y complejo que combina a actores estatales y no estatales (organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia) en el control y la evaluación del poder público. Este enfoque busca ampliar la participación y crear redes de supervisión que fortalezcan la transparencia y la responsabilidad.

Estos modelos no son excluyentes, sino complementarios. Una gestión pública eficaz y transparente requiere su articulación para asegurar un control robusto y plural.

La construcción dinámica de agendas de transparencia

Mariano Mosquera profundiza en la importancia de diseñar agendas de transparencia que respondan a las demandas sociales y a las realidades políticas de cada contexto. Estas agendas no son documentos estáticos. Son procesos flexibles y en constante actualización que requieren la participación activa de múltiples actores, incluyendo ciudadanos, instituciones públicas, medios y organizaciones sociales.

La transparencia efectiva no solo consiste en la publicación de datos, sino en garantizar que la información sea accesible, comprensible y útil para el control ciudadano y la evaluación de políticas públicas. Para lograrlo, es imprescindible priorizar temas que realmente interesen y afecten a la sociedad, facilitando así la construcción de confianza institucional.

Además, estas agendas deben adaptarse a los cambios sociales, políticos y tecnológicos para ser relevantes y eficaces. La cooperación interinstitucional y la apertura al diálogo con la ciudadanía fortalecen este proceso, promoviendo una cultura de rendición de cuentas que va más allá del cumplimiento formal.

Principios y aplicaciones del gobierno abierto

El concepto de gobierno abierto está íntimamente ligado a la rendición de cuentas y la transparencia. Se basa en tres principios fundamentales: participación, transparencia y colaboración.

• La participación ciudadana implica que la sociedad no solo reciba información, sino que tenga espacios y herramientas para influir en la toma de decisiones, en el diseño y seguimiento de políticas públicas. Este protagonismo fortalece la democracia y hace más legítimas las acciones gubernamentales.
• La transparencia exige que la gestión pública sea clara y accesible, con datos actualizados y disponibles que permitan a cualquier ciudadano conocer cómo se administran los recursos y qué resultados se obtienen.
• La colaboración promueve alianzas entre gobierno, sociedad civil, sector privado y academia para resolver problemas públicos de manera conjunta y eficaz.

Cuando estos principios se aplican correctamente, se fortalece la confianza institucional, se mejora la calidad de los servicios públicos y se reduce el riesgo de corrupción y mal manejo. En la práctica, gobiernos abiertos implementan plataformas digitales de datos abiertos, realizan consultas públicas, fomentan auditorías sociales y promueven espacios de diálogo continuo con la ciudadanía.

Aplicaciones prácticas y evaluación de políticas públicas

Más que un ejercicio técnico, la evaluación debe ser un proceso continuo, sistemático y participativo que articule la recolección de datos, el análisis riguroso y la incorporación de las voces de los distintos actores involucrados.

Herramientas para cada etapa: ex ante, en curso y ex post

La evaluación de políticas públicas se puede clasificar según el momento en que se realiza, y cada etapa aporta información valiosa para la toma de decisiones:

• Evaluación ex ante: Se realiza antes de la implementación de una política. Su objetivo es analizar la viabilidad, pertinencia y posibles efectos de la propuesta. Incluye estudios de factibilidad, análisis de costos y beneficios, y la definición de indicadores que permitirán medir el desempeño futuro. Esta etapa ayuda a anticipar riesgos y optimizar el diseño.
• Evaluación en curso (o monitoreo): Se lleva a cabo durante la ejecución de la política para verificar que se estén cumpliendo los objetivos intermedios y que los recursos se estén utilizando adecuadamente. Permite detectar desviaciones, corregir errores a tiempo y asegurar que el proceso avance conforme al plan.
• Evaluación ex post: Se realiza una vez finalizada la implementación para medir los resultados alcanzados y su impacto real en la población. Aquí se utilizan técnicas específicas para identificar efectos concretos, atribuir cambios a la política y extraer lecciones para futuras intervenciones.

Indicadores de desempeño y medición de impacto

Mariano Mosquera propone un modelo para la evaluación basado en tres pilares esenciales: la recolección y análisis de información, la definición clara de indicadores de desempeño, y la participación activa de actores relevantes, tanto institucionales como sociales.

La información debe ser confiable, oportuna y pertinente, para que los tomadores de decisiones puedan contar con un panorama claro sobre el desempeño y los posibles obstáculos. Además, el análisis de esta información debe ir más allá de la simple descripción, buscando identificar patrones, causas y efectos que permitan interpretar correctamente los resultados.

Los indicadores funcionan como herramientas que permiten evaluar tanto la eficacia —es decir, el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos— como la eficiencia, que evalúa el uso racional y económico de los recursos disponibles.

El especialista reconoce que el control y la evaluación no son procesos cerrados en manos exclusivas de expertos o funcionarios, sino que requieren la inclusión de distintos actores: organismos públicos, representantes políticos, sociedad civil, academia, medios de comunicación y, fundamentalmente, la ciudadanía afectada por las políticas.

Resumen de preguntas frecuentes

En este apartado encontrarás las dudas más comunes que pueden surgir a partir de la lectura de esta guía.