Ciberseguridad: Fórmate en un área de vacancia empresarial

La ciberseguridad dejó de ser un tema reservado al departamento de sistemas. Hoy está en el centro de las decisiones estratégicas de toda empresa, sin importar su tamaño o industria. En América Latina, donde la digitalización avanza a gran velocidad, el riesgo también se multiplica: solo en 2024, Panamá registró más de 4 000 millones de intentos de ciberataque, según un estudio regional. Las brechas de seguridad no distinguen entre corporaciones y startups, y su impacto puede ser devastador: pérdida de datos, interrupción de operaciones y un daño reputacional difícil de revertir.

El costo promedio de una filtración de datos en la región supera los 2.7 millones de dólares, una cifra que refleja no solo el valor de la información robada, sino también el tiempo, las multas y la confianza que se pierden en el proceso. Cada clic malicioso, cada correo de phishing abierto y cada sistema sin actualizar puede representar la diferencia entre la continuidad o la crisis.

Frente a este escenario, las empresas latinoamericanas enfrentan una pregunta urgente: ¿están realmente preparadas para resistir un ataque que no distingue fronteras ni sectores? La respuesta no depende únicamente de contar con firewalls o antivirus, sino de líderes capaces de anticipar riesgos, gestionar incidentes y tomar decisiones basadas en una comprensión integral del entorno digital.

En ese contexto, ADEN International Business School impulsa programas de formación ejecutiva que preparan a los profesionales para enfrentar este nuevo tablero competitivo. 

La nueva realidad: el costo de la inacción

En el ecosistema digital actual, ignorar la ciberseguridad equivale a dejar las puertas del negocio abiertas de par en par. Las cifras lo confirman: De acuerdo con el Reporte de IBM sobre el Costo de Filtraciones en Latinoamérica (2024), en América Latina el 86 % de las brechas de seguridad son impulsadas por motivaciones financieras, y su costo promedio asciende a 2.76 millones de dólares por incidente. 

Pero más allá de los números, el verdadero impacto de un ataque se mide en tiempo perdido, operaciones interrumpidas y confianza quebrada, tres factores que pueden poner en jaque la continuidad de cualquier empresa.

Este fenómeno tiene un nombre: CoDB (Cost of Data Breach) o Costo de una Filtración de Datos. Se trata de una métrica que cuantifica los efectos directos e indirectos de un incidente de ciberseguridad: desde las multas y la pérdida de clientes hasta los gastos en restauración de sistemas y reputación. 

Y aunque la tecnología es un aliado indispensable, los informes coinciden en que el eslabón más débil sigue siendo el humano. El 40 % de los ataques más costosos se originan en simples errores de los empleados: abrir un correo de phishing, compartir credenciales o descargar archivos maliciosos. No hay firewall que compense la falta de conciencia. 

El riesgo cibernético ya no distingue tamaño ni rubro. Una empresa de software puede paralizar su operación entera por un ataque de phishing, del mismo modo que una empresa logística puede perder millones al ver comprometidos sus sistemas de rastreo. La pregunta clave es: ¿qué costo está dispuesto a asumir un negocio por no prevenir?

El experto en ciberseguridad y analítica de datos Jorge Mario Ochoa Vásquez, autor de Ciberseguridad y Big Data, señala que la seguridad de la información ya no puede entenderse solo como un conjunto de medidas técnicas, sino como un modelo de gobernanza que abarca el ciclo completo del dato: su recolección, almacenamiento, tratamiento y eliminación. Ochoa sostiene que el volumen y la velocidad con que circulan los datos exigen pasar “de la mera protección técnica a una gobernanza inteligente y predictiva de la información”, donde la anticipación y la responsabilidad sean tan relevantes como la reacción ante incidentes.

Las herramientas de análisis masivo permiten detectar patrones de comportamiento anómalos, prevenir fraudes y responder con rapidez ante amenazas. Pero el uso de estas tecnologías sin una base ética y normativa sólida puede derivar en nuevas formas de vulnerabilidad: filtraciones involuntarias, sesgos algorítmicos o decisiones automatizadas que afectan derechos fundamentales. Por eso, como enfatiza la Escuela de Negocios ADEN en sus publicaciones sobre transformación digital, no hay ciberseguridad sin una gestión ética de la información.

Estrategias nacionales y madurez digital

América Latina vive una paradoja fascinante: mientras la digitalización impulsa la productividad y la innovación en casi todos los sectores, también expone a las organizaciones a un nivel de riesgo sin precedentes. La región ya no es solo espectadora del cibercrimen global: es uno de sus principales escenarios.

El dato más alarmante proviene de Panamá, que en 2024 contabilizó más de 4 000 millones de intentos de ciberataque, según un informe de Mastercard citado por DPL News y Tyn Magazine. Esta cifra evidencia el nivel de exposición de uno de los principales centros logísticos y financieros de la región, donde los ataques no solo buscan vulnerar sistemas, sino comprometer la continuidad de operaciones críticas.

El desafío no se limita al volumen de incidentes. Lo que hoy define la madurez de una economía digital es su capacidad para responder con marcos regulatorios sólidos. Por eso, varios gobiernos han impulsado Estrategias Nacionales de Ciberseguridad (ENC) que fortalecen la gobernanza digital y la protección de infraestructuras críticas.

• Costa Rica, tras el ciberataque que paralizó su administración pública en 2022, implementó un plan nacional 2023–2027 centrado en la resiliencia.
• Panamá aplica su Estrategia Nacional 2021–2024, orientada a la cooperación público-privada.
• Argentina trabaja en la formulación de su segunda estrategia, según el informe de Derechos Digitales (2024). El proceso de actualización normativa se combina con una legislación sólida en protección de datos, de acuerdo con EY Latam (2024).
• En México, la esperada Ley Federal de Ciberseguridad sigue pendiente. El país opera con organismos fragmentados como CERT-MX o el INAI, según Delta Protect (2024).
• En Costa Rica y Ecuador, los recientes ciberataques aceleraron la creación de capacidades locales y planes nacionales de defensa digital.

Estas políticas marcan una convergencia regional hacia una cultura de prevención, pero también ponen presión sobre el sector privado para elevar sus estándares de protección.

El impacto del marco legal y el compliance

El componente normativo también avanza. La Ley N.º 81 de Protección de Datos Personales de Panamá (2019) exige que las empresas adopten medidas adecuadas de seguridad para proteger la información sensible de clientes y empleados. Las infracciones consideradas “muy graves” pueden derivar en sanciones de hasta 10 000 USD, según la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Más allá del aspecto financiero, el verdadero costo se paga en reputación. Una sola filtración puede bastar para que una organización pierda contratos, inversores o la confianza de sus usuarios.

Caso real: una empresa logística panameña vio frenada su expansión internacional tras una auditoría de cumplimiento. El problema no fue técnico, sino documental: carecía de un protocolo formal de tratamiento de datos conforme a la Ley 81. Su error fue pensar que la ciberseguridad era responsabilidad exclusiva del área de TI, cuando en realidad debía integrarse a la gestión estratégica y de cumplimiento corporativo.

El Mgtr. Santiago Grigera del Campillo, autor de Compliance y Ciberseguridad, explica que la relación entre ambos campos es mucho más profunda de lo que parece. La ciberseguridad protege los activos digitales y el compliance asegura que esa protección se realice dentro de los límites de la ley y los principios de responsabilidad corporativa. Como afirma el especialista, “la gestión de la seguridad digital debe alinearse con los principios de transparencia y debida diligencia”, ya que solo a través de esa coherencia se puede consolidar una cultura organizacional basada en la confianza.

Este nuevo paradigma redefine el rol del oficial de cumplimiento digital, figura clave en las organizaciones modernas. Su tarea ya no se limita a verificar que los procedimientos se ajusten a las normas, sino a garantizar que cada decisión tecnológica —desde la adopción de software hasta el tratamiento de datos personales— responda a una visión ética y preventiva. En otras palabras, su función combina lo jurídico con lo estratégico: anticipa riesgos, promueve la rendición de cuentas y fortalece la reputación corporativa frente a clientes, accionistas y reguladores.

La brecha de talento: una vacancia que crece más rápido que la demanda

La ciberseguridad en América Latina enfrenta un obstáculo que trasciende la tecnología: la escasez crítica de talento especializado. Según el Informe Global de Brecha de Competencias 2024 de Fortinet, el 62 % de las organizaciones latinoamericanas reconoce no contar con profesionales calificados para cubrir los puestos necesarios en ciberseguridad. Este déficit no solo retrasa proyectos estratégicos, sino que incrementa la vulnerabilidad de las empresas frente a ataques cada vez más sofisticados.

La situación es tan grave que, de acuerdo con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), la demanda global de profesionales del sector duplicó a la oferta disponible en este 2025, lo que consolidará la ciberseguridad como una de las áreas más demandadas y mejor remuneradas del mundo digital. En América Latina, este desequilibrio se traduce en sobrecarga de trabajo para los equipos técnicos, alta rotación y dificultades para retener talento clave.

Blockchain y trazabilidad: dónde nos encontramos

El especialista en Derecho y Tecnología Sebastián Heredia Querro, autor de Blockchain y Regulación , explica que el verdadero valor del blockchain no reside únicamente en su estructura criptográfica, sino en su modelo de gobernanza descentralizada.

A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la verificación depende de servidores o intermediarios centralizados, el blockchain registra cada transacción en bloques inmutables, enlazados mediante algoritmos de consenso. Esto hace prácticamente imposible modificar un dato sin dejar rastro, lo que reduce la posibilidad de fraude y fortalece la rendición de cuentas. En contextos como la banca, la logística o la cadena de suministro, esta tecnología permite seguir el recorrido de un producto o un documento desde su origen hasta su destino, asegurando su autenticidad en cada etapa.

Desde la perspectiva jurídica, Heredia Querro enfatiza que el blockchain también desafía los marcos regulatorios tradicionales. Las leyes de protección de datos y privacidad —como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa o la Ley 81 de Panamá— se basan en la existencia de un responsable claro del tratamiento de la información. Sin embargo, la lógica distribuida del blockchain plantea nuevas preguntas: ¿quién es responsable si los datos se almacenan en una red global?, ¿cómo se ejerce el derecho al olvido en una cadena inmutable? Estas tensiones abren un terreno fértil para el desarrollo de regulaciones adaptativas, capaces de equilibrar innovación y protección.

Para las empresas, comprender esta dinámica no es opcional.

El punto ciego: falta de liderazgo estratégico

Durante años, muchas organizaciones concentraron sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura técnica —firewalls, antivirus, cifrado— sin prestar atención al factor humano que gestiona esos sistemas. El resultado: abundan los perfiles técnicos operativos, pero escasean los líderes estratégicos capaces de conectar la seguridad con la rentabilidad, la reputación y el cumplimiento normativo.

El mismo estudio de Fortinet (2024) revela que los sectores más afectados por esta falta de talento son tecnología (21 %), manufactura (15 %) y servicios financieros (13 %), precisamente aquellos donde un incidente puede tener consecuencias sistémicas. Esta carencia no solo incrementa el riesgo operativo, sino que también eleva los costos: empresas que no logran reclutar expertos deben pagar salarios muy por encima del promedio o tercerizar funciones críticas, lo que reduce el control sobre los datos y procesos internos.

El experto Jorge Mario Ochoa Vásquez subraya que los datos personales se han convertido en “una extensión digital del individuo”. Por eso, su tratamiento debe regirse por principios de respeto, proporcionalidad y propósito legítimo. Ochoa advierte que una empresa puede tener la infraestructura más robusta del mercado y, aun así, fracasar éticamente si utiliza la información sin transparencia o sin consentimiento informado.

Grigera del Campillo destaca que, cuando un directivo establece políticas de protección de la información, en realidad está definiendo la cultura organizacional y el tipo de confianza que desea construir con sus empleados, clientes y aliados.

La ética del dato se convierte así en un nuevo eje de liderazgo. Implica reconocer que el acceso a la información otorga poder, y que ese poder conlleva responsabilidad. Requiere preguntarse, antes de cada innovación, si lo que se hace es legítimo, transparente y justo. Significa pasar del enfoque de “cumplir para no sancionar” al de “actuar para inspirar confianza”.

Ejemplo práctico: formar en lugar de contratar

Imaginemos una empresa industrial mediana en Colombia que, tras sufrir un intento de ransomware, decide implementar un plan integral de seguridad. Al buscar especialistas en el mercado, descubre que los perfiles disponibles son escasos y demandan salarios cercanos a los de multinacionales tecnológicas. En lugar de competir por talento externo, la compañía opta por una estrategia más inteligente: formar a su propio equipo gerencial.

Sus jefes de operaciones y auditores internos cursan un programa de actualización ejecutiva en ciberseguridad, aprendiendo a interpretar vulnerabilidades, gestionar incidentes y cumplir con los estándares ISO 27001 y NIST CSF. En menos de tres meses, la empresa no solo refuerza su postura de defensa, sino que reduce la dependencia de consultores externos y mejora la coordinación entre tecnología, finanzas y dirección general.

Este enfoque de upskilling interno —desarrollar talento dentro de la organización— se ha convertido en una tendencia global. Tal como señala el reporte “Human Cyber-Risk Management” de Kymatio (2024), las compañías que invierten en formación ejecutiva en ciberseguridad logran reducir el riesgo humano hasta en un 40 % y obtienen un retorno de inversión (ROSI) positivo en menos de un año.

Una oportunidad oculta en la brecha

Paradójicamente, esta carencia de talento representa una oportunidad enorme para los profesionales y empresas que deciden adelantarse. En América del Norte, los salarios promedio de un especialista en ciberseguridad superan los 134 000 USD anuales, mientras que en América Latina rondan los 22 000 USD, según el mismo informe de Fortinet (2024). Esto significa que invertir en formación local de alto nivel puede multiplicar la competitividad regional, permitiendo desarrollar expertos a menor costo y con conocimiento contextual del mercado.

La respuesta: formación ejecutiva estratégica

Frente a esta brecha de talento, el Diplomado en Ciberseguridad de ADEN International Business School surge como una herramienta concreta para formar líderes capaces de gestionar la seguridad desde una perspectiva empresarial. El programa está orientado a gerentes, auditores, consultores y emprendedores digitales que buscan adquirir dominio técnico y visión estratégica sin necesidad de contar con formación previa en sistemas.

A lo largo de sus 8 a 12 semanas de cursado online, los participantes aprenden a identificar riesgos, responder a incidentes, aplicar marcos internacionales de referencia y fortalecer la gobernanza digital de sus organizaciones. Además, el diplomado permite vivir la experiencia del Ecosistema ADEN, un entorno colaborativo que une a ejecutivos de distintos países y sectores, generando un aprendizaje aplicado y regionalmente relevante.

Un programa diseñado para líderes, no para técnicos

A diferencia de los cursos puramente tecnológicos, este diplomado se orienta a directivos, consultores, emprendedores digitales y profesionales de riesgo o auditoría que buscan integrar la ciberseguridad a la toma de decisiones ejecutivas. No requiere conocimientos previos en informática, sino una actitud analítica y la intención de fortalecer la gestión organizacional.

En un formato 100 % virtual, el programa permite que cada participante avance a su ritmo desde cualquier país, con el acompañamiento de docentes y mentores de nivel internacional. Entre su cuerpo académico se destacan profesionales vinculados a Amazon, Salesforce, IBM y ATTI Cyber, quienes trasladan al aula virtual su experiencia real en proyectos globales de protección de datos, inteligencia de amenazas y arquitectura de seguridad.

Durante dos a tres meses de cursado intensivo, los participantes aprenden a:

• Identificar vulnerabilidades críticas dentro de la empresa.
• Diseñar una arquitectura de seguridad eficiente.
• Gestionar incidentes y evaluar su impacto financiero.
• Aplicar marcos internacionales como ISO 27001, NIST CSF 2.0 y Zero Trust.
• Conectar la ciberseguridad con la gobernanza, el cumplimiento y la rentabilidad.

Uno de los rasgos distintivos del programa es su enfoque en la aplicabilidad inmediata. Por ejemplo, un gerente puede trabajar sobre el diseño de políticas de acceso seguro para su empresa; un auditor, sobre la evaluación de riesgos basada en estándares internacionales; o un emprendedor, en la configuración de medidas de seguridad en la nube para su startup.

Preguntas frecuentes sobre la formación en ciberseguridad

Después de explorar cómo la ciberseguridad se ha convertido en un eje estratégico para los negocios, surgen preguntas naturales. Esta sección busca justamente eso: responder de manera clara y práctica las dudas más comunes de quienes ya reconocen la importancia del tema. Las respuestas están pensadas para tomadores de decisiones, gerentes, consultores o emprendedores.