El nuevo estándar de gobernanza de IA en Panamá

La República de Panamá ha iniciado una transición estructural sin precedentes, evolucionando de ser un nodo logístico y financiero tradicional a posicionarse como el “Hub Digital” de América Latina. Esta metamorfosis no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una convergencia entre políticas de Estado, como la Agenda de Digitalización Nacional, y una presión regulatoria internacional que exige estándares de transparencia cada vez más sofisticados.

Esta nueva realidad plantea una pregunta estratégica para las organizaciones: ¿cómo garantizar el cumplimiento normativo cuando parte de las decisiones ya no dependen exclusivamente de las personas, sino de algoritmos?

En países como Panamá (donde convergen servicios financieros, comercio internacional e innovación tecnológica) este desafío adquiere una dimensión especialmente estratégica.

La expansión del uso de IA en las empresas

El libro Compliance, protección de datos personales y Estado, publicado por la editorial de la Escuela de Negocios ADEN, ofrece un punto de partida conceptual para comprender esta transformación. En esta obra se retoma la definición desarrollada por el Grupo de Alto Nivel en Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, según la cual la IA puede entenderse como sistemas capaces de analizar su entorno y realizar acciones con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. 

Esta capacidad de analizar información compleja y actuar de forma parcialmente autónoma representa un cambio significativo para el ámbito del cumplimiento normativo. Los sistemas de inteligencia artificial no se limitan a procesar datos: pueden identificar patrones, generar inferencias y ejecutar acciones que influyen directamente en decisiones empresariales.

A partir de estas capacidades, la IA introduce nuevas herramientas dentro del compliance corporativo:

• monitoreo automatizado de operaciones financieras
• detección temprana de conductas sospechosas
• análisis predictivo de fraude o corrupción
• evaluación automática de riesgos regulatorios
• automatización de controles de cumplimiento

La posición de Panamá como centro bancario internacional lo hace particularmente sensible a las regulaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Financiamiento del Terrorismo. La adopción de IA en estas áreas permite a las instituciones transitar de un modelo reactivo, basado en reglas estáticas, a un modelo proactivo impulsado por el aprendizaje automático (Machine Learning) y la analítica predictiva.

Gobernanza de IA: el nuevo estándar del compliance empresarial

Desde la perspectiva del libro publicado por expertos de ADEN, la gobernanza de la inteligencia artificial puede entenderse como la evolución natural de los sistemas de cumplimiento normativo en la economía digital. No se trata únicamente de regular el uso de nuevas herramientas tecnológicas, sino de desarrollar capacidades organizacionales para comprender cómo estas tecnologías participan en la toma de decisiones.

El propio desarrollo de la economía basada en conocimiento explica este fenómeno. El especialista Dante Pusiol, en su obra Gestión de activos intangibles (Intellectual Property Management), sostiene que el valor competitivo de las organizaciones contemporáneas se encuentra cada vez más ligado a activos intangibles como datos, conocimiento y tecnología, elementos que se han convertido en motores centrales de innovación y crecimiento empresarial. 

Si los datos y los sistemas tecnológicos constituyen hoy uno de los activos estratégicos más importantes de las empresas, resulta lógico que también se transformen en fuentes potenciales de riesgo regulatorio y reputacional. De allí que la gobernanza de la inteligencia artificial emerja como una disciplina que articula distintas áreas del management:

• compliance y regulación digital
• gestión de riesgos corporativos
• protección de datos personales
• ética empresarial
• auditoría tecnológica
• seguridad de la información

En la práctica, esto implica que los programas de cumplimiento deben comenzar a incluir mecanismos de supervisión de sistemas automatizados, algo que hace apenas una década era prácticamente inexistente.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y organismos como Microsoft Panamá han suscrito acuerdos para impulsar la adopción ética de la IA, reconociendo que la tecnología debe ser explicable y auditable. Para un Oficial de Cumplimiento, la “caja negra” de un algoritmo no es aceptable bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP); se requiere que los resultados de la IA sean interpretables por analistas, administradores de riesgos y auditores externos.

Protección de datos: el corazón del compliance en la era de la IA

Toda conversación seria sobre inteligencia artificial conduce inevitablemente al mismo punto de partida: los datos. Sin datos, los algoritmos no pueden aprender, reconocer patrones ni producir predicciones útiles. En este sentido, podría decirse que la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino un sistema que transforma información en decisiones.

Este principio, aparentemente técnico, tiene implicaciones jurídicas y organizacionales profundas. El libro Compliance, protección de datos personales y Estado subraya precisamente este aspecto al analizar cómo la expansión de la economía digital ha multiplicado la circulación de información personal dentro de las organizaciones y en los ecosistemas tecnológicos donde operan.

La razón es sencilla: la inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de información para funcionar. En muchos casos, estos datos incluyen:

• información financiera de clientes
• registros de comportamiento digital
• historiales de consumo
• datos biométricos o de geolocalización
• información laboral o de desempeño

Cada uno de estos conjuntos de datos puede generar valor estratégico para las organizaciones. Sin embargo, también representa una posible fuente de riesgo legal, reputacional y operativo.

Acercamiento a la legislación panameña

La protección de datos personales ha dejado de ser una cuestión de ética corporativa para convertirse en una obligación legal ineludible en Panamá tras la entrada en vigencia de la Ley No. 81 de 26 de abril de 2019 y su reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021. Este marco jurídico regula el ciclo de vida completo de los datos, desde su recolección hasta su destrucción final.

La Ley 81 se basa en principios fundamentales que las empresas deben integrar en sus procesos operativos:

• Lealtad: Prohíbe el uso de engaño para obtener datos; el titular debe saber exactamente qué se está recogiendo.
• Finalidad: Los datos solo pueden ser usados para el propósito específico por el cual fueron solicitados.
• Proporcionalidad: Solo se deben solicitar los datos mínimos necesarios para la finalidad pretendida.
• Transparencia: La comunicación con el titular debe ser clara, sencilla y en lenguaje comprensible.

Las organizaciones que actúan como responsables del tratamiento o custodios de bases de datos tienen la obligación de elaborar una “Ficha Técnica”. Este documento debe contener los protocolos, registros y reglas relacionados al almacenamiento y tratamiento de los datos, garantizando medidas de seguridad técnicas y organizativas que aseguren la confidencialidad y la resiliencia de los sistemas.

Panamá reconoce los derechos ARCO, esenciales para cualquier ciudadano en el entorno digital:

1. Acceso: Derecho a obtener sus datos y conocer su origen.
2. Rectificación: Derecho a solicitar correcciones o actualizaciones.
3. Cancelación: Derecho a eliminar datos irrelevantes o tratados de forma ilegal.
4. Oposición: Derecho a negarse al tratamiento por causas justificadas.
5. Portabilidad: Derecho a obtener una copia de sus datos en un formato estructurado y transferirlos a otro proveedor.

Perfilamiento de datos y decisiones automatizadas

El perfilamiento de datos es una de las áreas más críticas de la Ley 81, especialmente con el auge del marketing digital y la evaluación crediticia automatizada. Se define como el tratamiento automatizado de datos para evaluar aspectos de una persona natural, como su situación económica, preferencias personales o comportamiento.

Siguiendo los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa, la legislación panameña otorga al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamientos automatizados si esta produce efectos jurídicos que le afecten significativamente. Esto obliga a las empresas en Panamá a garantizar que exista una supervisión humana en procesos como la denegación automática de créditos o la selección de personal mediante algoritmos.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) es el ente encargado de investigar denuncias sobre perfilamiento abusivo. Durante el periodo de noviembre de 2023 a octubre de 2024, la Dirección de Protección de Datos Personales de la ANTAI gestionó 126 denuncias, demostrando una actividad creciente en la fiscalización del cumplimiento de estos derechos.

Cuando el compliance se programa

Uno de los cambios más profundos que atraviesa el mundo del compliance no proviene únicamente de la inteligencia artificial, sino de su convergencia con otras tecnologías emergentes, particularmente blockchain y los contratos inteligentes. Estas herramientas están comenzando a transformar una idea tradicional del derecho corporativo: la del cumplimiento basado en interpretación humana.

La literatura académica sobre blockchain permite comprender el alcance de esta transformación. El libro Contratos inteligentes, publicado por la editorial de la Escuela de Negocios ADEN, explica que un contrato inteligente puede definirse como un programa informático capaz de ejecutar automáticamente las condiciones de un acuerdo una vez que las partes han establecido sus términos. 

En este modelo, las reglas del contrato no se redactan únicamente en lenguaje jurídico, sino también en código informático que se ejecuta dentro de una red blockchain. Si ocurre un evento determinado —por ejemplo, la entrega de un producto o el cumplimiento de un plazo— el sistema ejecuta automáticamente la acción prevista.

El impacto de estas tecnologías en el compliance es profundo. Tradicionalmente, el cumplimiento normativo operaba de forma reactiva: primero se ejecutaba la operación y posteriormente se verificaba si se había cumplido correctamente con las normas o condiciones contractuales.

Los contratos inteligentes introducen un paradigma distinto: el cumplimiento preventivo o programado.

En lugar de revisar las operaciones después de que ocurren, las reglas de cumplimiento se integran directamente en la arquitectura del sistema. Esto genera varios beneficios organizacionales:

• reducción de errores humanos
• mayor trazabilidad de las operaciones
• disminución de riesgos de fraude
• transparencia en la ejecución de acuerdos
• reducción de costos administrativos

Al mismo tiempo, este nuevo modelo plantea preguntas relevantes para el derecho y el compliance corporativo. Si las reglas contractuales se ejecutan automáticamente a través de código informático, surge una cuestión inevitable: ¿quién supervisa el diseño del algoritmo que ejecuta el contrato?

Gobernar tecnología también es proteger valor empresarial

Hoy, el valor estratégico de muchas organizaciones reside en elementos mucho menos visibles, pero decisivos: los activos intangibles.

Entre ellos se encuentran, por ejemplo:

• bases de datos corporativas
• algoritmos y modelos de inteligencia artificial
• software y plataformas digitales
• propiedad intelectual
• conocimiento organizacional acumulado
• información estratégica sobre clientes y mercados

Estos activos no ocupan espacio físico en una fábrica o un depósito, pero constituyen el verdadero motor competitivo de muchas empresas contemporáneas. El especialista Dante Pusiol analiza este fenómeno en su obra Gestión de activos intangibles (Intellectual Property Management), donde sostiene que la competitividad empresarial actual se sustenta cada vez más en el conocimiento, la innovación y la gestión de información, desplazando progresivamente a los activos físicos tradicionales como principal fuente de valor corporativo. 

En este punto, la gobernanza tecnológica comienza a integrarse con diferentes áreas de gestión empresarial:

• propiedad intelectual
• ciberseguridad
• protección de datos personales
• gestión del conocimiento
• auditoría tecnológica
• estrategias de innovación

Esta convergencia explica por qué muchas organizaciones están incorporando nuevos perfiles profesionales en sus estructuras de gobierno corporativo. Roles como Chief Data Officer, responsables de gobernanza de IA o especialistas en compliance tecnológico comienzan a desempeñar un papel central en la protección de los activos digitales de la empresa.

Hacia una cultura organizacional de gobernanza tecnológica

Entre las prácticas que comienzan a consolidarse en organizaciones que trabajan con inteligencia artificial se encuentran:

• formación interna en ética digital y gobernanza de datos
• auditorías periódicas de modelos algorítmicos
• comités interdisciplinarios de gobernanza tecnológica
• evaluación de impacto en privacidad y protección de datos
• mecanismos de supervisión humana en decisiones críticas

Estas herramientas no buscan frenar la innovación, sino hacerla sostenible y confiable dentro del entorno regulatorio actual.

Los posgrados en Derecho y Compliance de ADEN International Business School han sido diseñados precisamente para responder a esta evolución del entorno regulatorio y tecnológico. Estas propuestas académicas buscan integrar conocimientos jurídicos, tecnológicos y estratégicos, preparando a los profesionales para liderar sistemas de cumplimiento en entornos cada vez más digitalizados.

Preguntas frecuentes finales

Antes de cerrar el análisis, conviene abordar algunas preguntas frecuentes que suelen surgir cuando las organizaciones comienzan a explorar la relación entre inteligencia artificial, tecnología y cumplimiento normativo.